Testimonio: Nelson Véliz

Nelson Véliz, un profesor jubilado y demandante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relata su lucha personal por el reconocimiento de la deuda histórica que afecta a miles de docentes en Chile. Véliz, quien comenzó su carrera en 1973 haciendo un reemplazo en un establecimiento rural en Cauquenes, se estableció en la Escuela Loanco, en la comuna de Chanco, donde se jubiló tras tres décadas de servicio.

—Terminado ese reemplazo, volví al departamento provincial del Ministerio de Educación, donde me ofrecieron elegir una escuela para trabajar. Elegí la Escuela Loanco y me quedé ahí hasta jubilarme —comenta, recordando con cariño esos años. En aquella época, era común que esta cartera pidiera a los maestros trabajar en el sector rural—. Nos pedían un mínimo de tres años y un máximo de cinco en áreas rurales, antes de poder pedir un traslado a la ciudad. Al final me quedé porque me encantó el lugar. 

La problemática de la deuda histórica, según Nelson Véliz, se remonta a 1981, cuando, durante el régimen militar, los profesores fueron transferidos del Ministerio de Educación a las municipalidades. Este cambio administrativo provocó una pérdida significativa en sus derechos laborales y remuneraciones.

—Nosotros pertenecíamos al Ministerio de Educación. En 1981, nos traspasaron a las municipalidades y, entre ese año y 1991, se generó la famosa deuda histórica producto de un decreto ley, que era el 3.551 en su artículo 40, que establecía un beneficio especial para todos aquellos funcionarios que habían sido transferidos. Sin embargo, ese beneficio nunca llegó al bolsillo de los profesores y profesoras. 

En 1992, junto a otros docentes pertenecientes a las comunas de Chanco, Cauquenes y Pelluhue, Nelson se embarcó en un proceso judicial, de la mano del abogado Humberto Franzani, iniciando acciones legales en contra de sus respectivas municipalidades. Los tribunales acogieron los distintos casos y les entregaron fallos positivos, ordenando el reconocimiento y pago del reajuste de empleados públicos. A pesar de los resultados, la sentencia nunca se cumplió. 

Tras años de desilusiones en el sistema judicial chileno, Nelson Véliz y su grupo recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la ayuda de un nuevo equipo liderado por Giampiero Fava y Ciro Colombara. El esfuerzo dio frutos en 2013, cuando la entidad declaró admisible la causa. Este reconocimiento internacional fue un hito para él y sus colegas.

—El juicio comenzó en el año 1992 y ganamos en todas sus instancias. No obstante, nunca se cumplió la sentencia y nos quedamos ahí. Nuestro abogado nos abandonó, pero en ese tiempo, surgió un nuevo grupo de abogados, entre ellos el equipo de don Giampiero Fava junto con Ciro Colombara. Empezamos a conversar con ellos y nos dijeron que era posible reactivar la causa —explica Véliz—. Pero, ¿qué pasó? Mientras se llevaba el juicio contra las municipalidades, se promulgó una ley que establecía que no se podían demandar ni embargar los bienes de las estas, ya que eran de uso público. De tal manera, nos quedamos en cero. Nos señalaron que debíamos demandar al Estado de Chile. 

La culminación de este proceso se dio en 2021, cuando el organismo falló a favor de ellos, declarando que el Estado debía pagar la totalidad de la deuda. Nelson recuerda el día que recibió la primicia como un momento profundamente emotivo.

—El 21 de diciembre de 2021, habíamos ido como familia a almorzar. Tengo dos hijos: mi hija, que es profesora, mi hijo que es preparador físico y mi nieta. Estábamos allí almorzando y había dejado el teléfono sobre la mesa cuando mi hija me dijo: “Papá, es don Giampiero”. Tomé el teléfono y me comentó que tenía noticias. Había llegado el fallo de la Corte, que me quedara tranquilo porque fue favorable para nosotros. Habíamos ganado. Se me puso un nudo en el estómago y no pude seguir comiendo —relata conmovido. 

En un comienzo, la Corte estableció que el pago se realizaría en tres cuotas. Gracias a la persistencia de sus abogados lograron que se realizara en un solo pago antes de la Navidad de 2022.

—El fallo establecía que el Estado debía pagar en tres cuotas: la primera en diciembre de 2022, la segunda en diciembre de 2023 y la tercera en diciembre de 2024. Así que nuevamente teníamos que seguir esperando. Los abogados nos dijeron que estuviéramos tranquilos y que estaban negociando, hicieron todas las gestiones necesarias y lograron que se nos pagara en una sola cuota. ¡Nos pagaron todo en una sola! Qué mejor regalo nos dieron. Fue, realmente, una bendición. 

Pese a este significativo triunfo legal, Véliz reflexiona con cierta tristeza acerca de la falta de reconocimiento hacia la labor docente en Chile.

—La municipalización de la educación fue lo peor que pudo haber ocurrido. El profesor perdió el valor y el respeto que tenía antes —lamenta. 

Para Nelson Véliz, más que una victoria legal, el resultado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un símbolo de justicia para una generación de educadores que dieron su vida a la enseñanza sin recibir a cambio el reconocimiento merecido. Y, aunque se marcó un hito, sabe que la batalla por la dignidad y el respeto hacia su profesión sigue viva. La deuda histórica no es solo económica, sino también un perjuicio moral con un gremio que ha sido históricamente desvalorizado.